Medio ambiente y nueva ruralidad
El Humanismo cristiano en el
desarrollo local rural sustentable


Juan Pablo Belair Moreno
Médico Veterinario, Universidad de Chile
Diplomado en Estudios Políticos
Secretario ejecutivo Foro Rural - Juventud Demócrata Cristiana



1. Introducción

Actualmente, el mundo está inserto en una dinámica desenfrenada de procesos conducentes a cambios en lo estructural y medular de la sociedad humana. Chile no escapa a este fenómeno, sin embargo, ¿cómo nuestro país enfrenta este escenario?, es una interrogante que el mundo político, especialmente humanistas cristianos, deben hacerse en pos de construir mancomunadamente el bien común de todos nuestros compatriotas. Asimismo, la ruralidad, como parte de un Chile bipolar, debe luchar con lo urbano, a diario y en lo cotidiano, por iguales oportunidades para su gente: los hombres y mujeres del campo.

El desarrollo de un país debe ser entendido como "la ampliación de las capacidades y las libertades de la gente" y que se sustenta necesariamente en la sociedad, vista ésta como nacional, regional o local o como urbana o rural. Pero además, debe incorporar un crecimiento a la par de todas las áreas que constituyen el conocimiento, sobre la base de valores que sustenten este desarrollo, en particular, el desarrollo sustentable en armonía con el medio. Para el caso de la ruralidad, desde una perspectiva propia, con sus especificidades espaciales, culturales, productivas y sociales.

Por su parte, hablar de medio ambiente, es tan antiguo como la sistemática incapacidad de resolver este tema, más aún, a la hora de concretar el discurso como parte esencial del desarrollo de una país o una región. Si bien es cierto, es posible nombrar algunos avances, tales como el establecimiento de una "conciencia ecológica" o la instalación de una feble institucionalidad (con un rol coordinador de acciones más que elaborador de políticas ambientales), éstos son absolutamente insuficientes para garantizar el desarrollo de la mano de un efectivo cuidado del entorno y sus recursos.

Como demócrata-cristianos, estamos convencidos que el desarrollo de nuestro país y de su gente, pasa necesariamente por el respeto y cuidado del medio ambiente. No queremos un país desarrollado que lamente, como costo de este proceso, un entorno desolado con recursos naturales agotados.
2. Principios fundamentales

Ø Los humanistas cristianos hacemos política buscando la realización plena de la persona humana, por lo tanto, cualquier acción que conduzca a ello, debe asumir al ser humano como centro, en especial, en su desarrollo con su entorno natural.

Ø La solidaridad es un valor que no se reduce a la simple limosna, sino que debe demostrarse en la práctica. Los humanistas cristianos deben velar por que este valor se reproduzca entre quiénes toman las decisiones y quiénes sufren sus consecuencias y aplicaciones. Quizás, es mejor promover un modelo de desarrollo más gradual y menos generador de riquezas, pero que garantice la no depredación de nuestros recursos naturales.

Ø El ser humano debe hacerse cargo de su paso por el mundo. Un humanista cristiano proyecta su accionar hacia el futuro, no es cortoplazista, posee una visión holística y una mirada de país que no excluye a nadie. Las generaciones futuras, nuestros hijos y los hijos de sus hijos, tienen el derecho de recibir un entorno natural con recursos inalterados.

Ø La valoración del patrimonio natural es un principio muy ligado a todos los anteriores. No obstante, el entorno también debe ser visto como una cuestión estética que complementa el paisaje cotidiano adyacente a nuestras vidas. En particular, el paisaje rural no sólo cumple con este propósito, sino que además nos conecta con nuestra propia historia, tradición y cultura (identidad).

Ø El desarrollo sustentable en la nueva ruralidad debe ser un Compromiso de Todos. "…las cuestiones ambientales son tarea de todos los hombres y mujeres de una comunidad - ya sea local, nacional y/o global- hay que establecer esfuerzos concordados con el fin de establecer los respectivos deberes y compromisos de cada uno: de los pueblos, de los Estados y la comunidad internacional…" (Jornada mundial de la paz, enero 1990).


3. Desarrollo local

Una política pública moderna nace desde el gobierno local. En este sentido, el municipio constituye no sólo el motor ejecutor de las ideas, estrategias y políticas de un Estado, sino que también es el referente inmediato de la gente. Ésta, a su vez, hace sentir sus necesidades a este nivel a través de sus organizaciones, en especial, los problemas ambientales son de un alto impacto en la opinión pública. En consecuencia, una política ambiental bien encaminada hacia un desarrollo local sustentable, nace desde el municipio y desde la comunidad organizada.

3.1 Desde el municipio

Por ley, la protección del medio ambiente es una función compartida de los municipios. Por su parte, "problemas ambientales" de alta denuncia y ocurrencia como: perros vagos, basurales clandestinos, chimeneas domiciliarias, focos de insalubridad, contaminación de alimentos, ruidos molestos, falta de áreas verdes, congestión vehicular, etc. repercuten directamente en la estructura gubernamental más cercana: la municipalidad. Este punto de convergencia no es casual, la comunidad es la caja de resonancia de un problema ambiental no resuelto por el municipio.
3.2 Desde la comunidad organizada

Los gobiernos locales deben ser participativos. Esto involucra necesariamente la interlocución de la comunidad organizada, sea ésta territorial o funcional. En este contexto, el rol de la comunidad en la detección, denuncia y solución de problemas ambientales debe ser activa y eficiente. Lo anterior, requiere de una sensibilización de la comunidad frente a los problemas ambientales y de la vinculación de la mantención de un entorno saludable con un mejor nivel de calidad de vida.

El rol del gobierno local en la implementación de políticas ambientales es en resumen:

Ø El filtro primario de los problemas ambientales que afectan a la comunidad.
Ø Promotor inicial de la comunidad, en términos de generar una sensibilidad ambiental previa y definir estándares de calidad de vida mínimos y prioritarios.
Ø Receptor de las demandas ambientales de la comunidad.
Ø Orientador del comportamiento ciudadano, en lo referido a encausar sus demandas, resolverlas o derivarlas a instancias de resolución superior.
Ø Catalizador de las políticas nacionales en el nivel local, de tal forma de llevar oportunamente a la base ciudadana los beneficios de estas políticas.
Ø Coordinador de los esfuerzos de otros organismos del Estado (CONAMA, SESMA, SAG, CONAF, etc.).


4. Ruralidad y medio ambiente

Normalmente se cree que la problemática ambiental se reduce a lo meramente urbano. Sin embargo, en el ámbito rural existen dos elementos centrales en la preocupación por el medio ambiente. El deterioro sistemático de los ecosistemas y la promoción del uso sustentable de los recursos naturales.

En otras palabras: ¿cómo es posible desarrollar la agricultura sin degradar el suelo o las fuentes de agua?; ¿cómo se mantiene la pesca artesanal sin agotar las especies hasta el punto de la extinción?; o ¿cómo se practica la silvicultura sin arrasar el patrimonio forestal de reservas públicas y privadas?.

Por su parte, el escenario de inequidad social que actualmente vive el país, genera, como consecuencia, un traslape poblacional degenerativo. En que una población urbana de elite, receptora de buena parte de la distribución del ingreso nacional, adquiere terrenos rurales para beneficio suntuario (parcela de agrado), desplazando a la población campesina a las ciudades o a zonas intermedias de transición por falta de trabajo y oportunidades. Esto constituye un ciclo vicioso, la migración campo-ciudad, generalmente, no encuentra las soluciones esperadas ni satisface las expectativas de los campesinos, generando pobreza y sobreutilización del escaso y feble recurso con que cuentan estas zonas intermedias. Por su parte, los grupos más ricos, escapando de estos cordones de pobreza urbana, concentran terrenos de gran potencial productivo, hermetizándolos, subutilizándolos y potenciando con esto, además, la marginalidad de este sector económico.

Por último, dentro de un sistema productivo, la dotación de recursos naturales es considerado "un regalo de la naturaleza", por lo cual, no es valorado como parte del activo, y como tal, no se considera sujeto a depreciación. De manera que la utilización de éste se hace en forma indiscriminada, sin inversiones, por ende, sin resguardo de un principio esencial, donde el valor total de su activo no es el producto inmediato de las utilidades del sistema, sino que del potencial productivo que ese sistema es capaz de desarrollar. Este error económico no sólo hace sucumbir la empresa agrícola, sino que provoca daños irreparables a los ecosistemas productivos.

Mientras el modelo económico deje en manos del mercado la regulación del uso de los recursos naturales y desplace al Estado a una coordinación decreciente en el tiempo, mientras el componente ambiental sea considerado como una externalidad del modelo, que se resuelve regulando los problemas sobre la marcha (paleativos) y no desde su origen, nos estamos enfrentando, sin duda, como sociedad y como humanidad, al "gran juego de la ruleta rusa".


5. Bases de una propuesta para la acción local (rural)

Los cimientos donde debe construirse el desarrollo local sustentable, se desprenden del siguiente modelo de gestión ambiental:

5.1 Política ambiental

Se debe establecer un marco de lineamientos estratégicos que incorpore fines, metas, actividades, satisfactores (verificadores objetivos), responsables y costos. Todo esto dentro de plazos y prioridades determinadas a priori.

Esta matriz debe ser construida en forma participativa entre los distintos actores que conforman el desarrollo: Estado y comunidad. Por un lado, organizaciones bases (juntas de vecinos, colegios, clubes deportivos, etc.) anhelan colaborar en programas donde su participación sea reconocida (ej: separación de basura en papeles, plásticos, metales, vidrios, etc.). Lo propio ocurre con la participación de empresarios a través de acuerdos voluntarios, donde la regulación de su actividad sea parte de un compromiso personal. Por otro lado, el Estado debe demostrar coherencia en la ejecución de los programas, pertinencia en las capacidades profesionales dispuestas (investigación) e independencia política en su aplicación a través del tiempo.

La política ambiental debe ser una sola, no obstante, debe contar con un componente rural que determine acciones diferenciadas para este sector pero dentro de una misma lógica sistémica.

5.2 Institucionalidad

Es imprescindible contar con instituciones y organismos públicos que protejan el medio ambiente, como asimismo, con un sistema de normas jurídicas instalado para tal efecto.

Hoy en día, tanto esta institucionalidad como sus facultades y atribuciones, están atomizadas en muchos organismos públicos (Ministerios y Servicios). Inclusive, la Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA, sólo está facultada para coordinar dichas acciones sin responder a una gestión programada desde una política ambiental definida. Hoy por hoy, la gestión ambiental es más bien intuitiva.

En tal perspectiva, pueden distinguirse dos campos de acción. En primer lugar, propiciar reformas legales, como aumento de facultades y atribuciones, creación, modificación o supresión de órganos, etc. Y en segundo lugar, perfeccionar u optimizar el uso de los instrumentos existentes. Dentro de este contexto no es ilusorio pensar en la creación de un Ministerio de Recursos Naturales.

En el ámbito rural, estas acciones se desarrollan desde el Ministerio de Agricultura y de Economía. Sin embargo, la coordinación ha sido precaria y los alcances bastante parciales, por la falta de seguimiento de los programas y por la ausencia de capacidades profesionales para este efecto.

5.2.1 Legislación

En particular, la Ley de Bases del Medio Ambiente es débil e incompleta. Debe existir una Ley General sobre Recursos Naturales, que permita dar coherencia a la legislación sectorial sobre la materia e incorporar nuevos conceptos que en la actualidad no están presentes en la legislación vigente (Ley de Bosque Nativo, Ley de Caza, Ley de Pesca, Código de Aguas). No sólo debe incorporar dichos instrumentos sino perfeccionarlos e incluir otros no legislados en su uso, como el recurso suelo. En dicha ley, debería quedar establecido el concepto de responsabilidad penal a través de la figura del delito ecológico.

5.2.2. Instrumentos de regulación y planificación

Se hace imprescindible perfeccionar los instrumentos de regulación actuales (cotos, vedas), como asimismo, desarrollar otros instrumentos como son la creación de parques marinos, zonas de protección de caza, zonas de protección de fauna, entre otros. Lo anterior, en relación a mecanismos directos de regulación; sin embargo, también representa un imperativo estudiar formas indirectas de regulación como: aplicación de impuestos específicos, exenciones tributarias, subsidios para incentivar o desincentivar el uso o prácticas de manejo de los recursos naturales.

Por su parte, los instrumentos de planificación deben ser aplicados como condición sine qua non en la implementación de una política ambiental. De modo que, al evaluar cualquier proyecto de inversión debe realizarse una evaluación de impacto ambiental, para esto, deben estar definidos los criterios de sustentabilidad ambiental en dicho sistema de evaluación. Por su parte, urge aplicar en todo el territorio, planes de ordenación y regulación, que permitan planificar su uso conforme a sus capacidades.

5.3 Fiscalización y control ambiental

El buen término de una política ambiental requiere de excelencia en la planificación, eficiencia en la gestión y de firmeza y probidad en fiscalización. Sin fiscalización o sin el fortalecimiento adecuado de su eficiencia, el diseño institucional, los nuevos cuerpos legales, reglamentarios y otros instrumentos a desarrollar, tendrán pocos o nulos efectos.

La fiscalización parte desde la comunidad organizada, que exige de las autoridades soluciones oportunas y funcionarios de excelencia dedicados a esta tarea. Pero aún más, la ciudadanía organizada y activa constituye el mejor fiscalizador ambiental (ombudsman ambiental).

Sin embargo, se debe establecer un sistema homogéneo y común para fiscalizar y sancionar contravenciones a la normativa sobre los recursos naturales. En la actualidad, contravenciones a la normativa ambiental son de competencia de diversas instituciones o son vistas en los juzgados de policía local.



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