17 de noviembre de 2000

PERMISO PARA MATAR
Rubén Duarte Rodríguez

El pasado 12 de Noviembre el mexicano Juan Pinacho Rodríguez murió víctima de los disparos de la Patrulla Fronteriza a escasos 20 metros de la línea divisoria entre México y los Estados Unidos.
“Fue defensa propia, de eso no hay duda”, afirmó el vocero de la “migra” David González, pero muy poca gente está dispuesta a creer esta versión, en vista de los negros antecedentes en los asesinatos y la violación sistemática de los derechos humanos que caracterizan a esta corporación en el trato a los indocumentados.
Los agentes que dispararon contra Pinacho Rodríguez ni siquiera serán llevados a juicio “porque simplemente no existe delito qué perseguir”, y si están suspendidos, se debe a “cuestiones administrativas”, aclaró el citado funcionario, quien a juzgar por sus apellidos, debe ser también de origen mexicano.
“Fue un caso normal se tenía que aplicar la ley y se aplicó, aunque lamentablemente haya habido un muerto”, es la explicación oficial que seguramente prevalecerá, a pesar de la inconformidad generada entre la comunidad de ambos Nogales y de las débiles protestas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El vocero del consulado mexicano, Roberto Burgos Molina, expresó sobre este caso una postura timorata y ambigua, consistente en esperar y atenerse a los resultados de las investigaciones que practique el FBI, para saber si el homicidio del connacional fue “en defensa propia” o si hubo “uso excesivo de la fuerza” de parte de los agentes de la “migra”.
No cabe duda: tanto los policías como los rancheros tipo hermanos Barnett tienen permiso para matar mexicanos y centroamericanos indocumentados que cometen el terrible delito de buscar un trabajo que no obtienen en sus propios países de origen, súbditos de la única superpotencia económica en el nuevo mundo globalizado.
Imaginemos cuál sería la postura del gobierno de EU si un ciudadano de su país muriera aquí acribillado por agentes policiacos mexicanos: ya estarían enviando una “expedición punitiva” para vengar el honor nacional mancillado, amenazarían con la ruptura de relaciones o, cuando menos, comisionarían a sus propios investigadores para conocer directamente los hechos, desconfiando, en principio, de las versiones parciales e interesadas de las autoridades nativas corruptas.
¿Estamos los mexicanos y los americanos –como gustan de llamarse a sí mismos los ciudadanos del país del norte- condenados a una vecindad cada día más distante?
¿Debemos permitir y resignarnos a que la violencia policiaca y la discriminación racial sean la tónica general en el trato que hemos de recibir en el “otro lado”?
Afortunadamente existen voces discordantes, aún entre la comunidad anglosajona, como la del señor Mike Rohrbach, presidente del Consejo Consultivo de Aprendizaje del Condado de Cochise, Arizona, quien asistió el pasado 11 de noviembre a la reunión de la Comisión Sonora Arizona en Ciudad Obregón.
Míster Rohrbach comenta -en una amable carta que nos hizo el favor de remitirnos por correo electrónico- que el objetivo de su visita fue impulsar un proyecto para reciclar computadoras en sociedad con el Tecnológico de Cananea y ponerlas a disposición de escuelas y otras instituciones públicas.
“Creemos que el conocimiento de las computadoras es parte de la cultura moderna y esperamos que este proyecto posibilite que más gente de todas las edades se conviertan en usuarios de computadoras a un precio accesible”, nos dice y estamos completamente de acuerdo con él y, por supuesto, dispuestos a difundir esta clase de iniciativas de encomiable beneficio social.
“Su retrato de los EU, la manera en la cual han tratado a las repúblicas bananeras y su alusión a Cuba como el siguiente lugar donde nosotros lo impondremos (el modelo de democracia yanqui), nos retrata como deberíamos ser vistos. Hemos fallado en combinar las plataformas democráticas en las recientes décadas con un verdadero proceso democrático”, continúa, en referencia a nuestro artículo Banana Republic, que publicó El Independiente precisamente el día 11.
“Me pregunto: ¿Qué pasaría si alguien tradujera este artículo y lo enviara a un periódico de EU, cuántos lo publicarían?”, concluye Rohrbach.
Estimado Míster Rohrbach:
Sin conocerle personalmente, permítame llamarle amigo por encima de las diferencias que separan a nuestros dos países, mucho le agradezco sus buenos e inmerecidos conceptos y espero que muchos más como usted sean sensibles a los gravísimos problemas que afectan a los pueblos situados al sur de sus fronteras.
No sé si exista algún diario o revista que esté dispuesto a publicar esta clase de ideas en un país que se precia de ser respetuoso de la libertad de expresión, pero que privó de su trabajo a muchos escritores, artistas e intelectuales en los años 50 por su simpatía real o supuesta hacia el comunismo.
¡Qué bueno que usted es capaz de disfrutar la lectura de textos en español!
Hoy en Arizona obtuvo una mayoría de votos no solamente la candidatura de George W. Bush y, en general la fórmula republicana, sino también la ley 203, que establece el inglés como idioma oficial en la enseñanza y pretende borrar de un plumazo los beneficios de la educación bilingüe para los mexicanos y los latinos que viven o pretenden vivir en su estado. Esta es otra agresión de la derecha racista y xenófoba.
Una raya más al tigre.




14 de noviembre de 2000

CHIAPAS: PARAR LA GUERRA
Rubén Duarte Rodríguez

La detención de 11 miembros del grupo paramilitar “Paz y Justicia” en Chiapas, constituye de hecho, un primer paso en el camino de la política que habrá de aplicar el gobierno de Vicente Fox. Sintomáticamente, la Procuraduría General de la República ha dado vuelta a la página del largo expediente de complicidades entre Ernesto Zedillo y los altos mandos del ejército mexicano.
Sin embargo no hay que echar las campanas a vuelo: Está por verse todavía hasta dónde es capaz de llegar la administración que habrá de debutar el próximo 1 de diciembre antes de topar con la pared de los fuertes intereses económicos y de los cacicazgos locales que se oponen a que se alcance una paz digna y con justicia en el sureste mexicano.
En su artículo “¿Hay grupos paramilitares en Chiapas?” (La Jornada 10 de noviembre), el escritor Carlos Montemayor nos descubre el entramado de la aplicación sistemática de la estrategia de guerra de “baja intensidad” –y de alta criminalidad- por parte del ejército mexicano.
Ahí nos habla del papel que juegan grupos como Paz y Justicia dentro de esa estrategia: “Para desarticular las bases sociales de apoyo zapatista no recurrieron a contingentes militares: emplearon a otros grupos indígenas armados. Desde el norte de Chiapas, desde la región chol, desde la matriz de Socama, los grupos armados extendieron su actividad en más de 70 municipios a los tres años de su formación. Estas fuerzas paramilitares entrenadas, armadas y protegidas por el ejército y la policía han producido ya millares de familias desplazadas en las Cañadas, en los Altos y en el norte; el incendio de millares de viviendas, parcelas y cosechas; la muerte de centenares de simpatizantes zapatistas”.
En concreto, se refiere al "Plan General de Maniobra Estratégica Operacional para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz", donde se incluye el asesoramiento para grupos paramilitares que eufemísticamente son designados fuerzas de autodefensa civil.
“En caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas”, plantea el texto castrense. Paso a paso, se describe la historia de los últimos seis años en Chiapas, en los cuales las principales víctimas han estado entre la población civil dentro de la zona de influencia del EZLN, de eso se trata.
En la llamada”Segunda Fase de la Campaña Ofensiva”, enlista Montemayor acciones como las siguientes:
1. El desplazamiento forzado de la población que simpatiza con el zapatismo;
2. La neutralización de actividades de la diócesis de San Cristóbal de las Casas;
3. La captura y expulsión de extranjeros “perniciosos”;
4. La muerte o control de ganado equino y vacuno;
5. La destrucción de siembras y cosechas; y, de nuevo,
6. El empleo de grupos de autodefensa civil.
“Es claro que estamos hablando de una estrategia de guerra que desde finales de 1997 y abiertamente desde principios de 1998 fue anulando, primero, la diócesis; después, las bases sociales de simpatizantes; luego los grupos milicianos, preparando el camino para un golpe de mano. En otras palabras, es una guerra”, demuestra el autor de Guerra en el Paraíso y Los informes secretos que abordan orecisamente los temas de las guerrillas en Guerrero y Chiapas, en los que no se sabe dónde termina la realidad y empieza la ficción.
Por su parte, el analista político Carlos Fazio en su trabajo “Sospechosas acciones oficiales contra el paramilitarismo”, publicado en dos partes en el mismo periódico, denuncia que el general diplomado de Estado Mayor Mario Renán Castillo, ex comandante de la séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; experto en contrainsurgencia, graduado de un curso de guerra sicológica en Fort Bragg, y uno de los principales aspirantes a ocupar el cargo de secretario de Defensa en el gabinete foxista, es conocido precisamente como el “padre” de estos grupos paramilitares.
“Durante el periodo que el general Castillo estuvo al frente de la séptima Región Militar (1995-1997), en Chiapas surgieron por lo menos cinco grupos paramilitares: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista. Sus documentadas matanzas, las violaciones masivas de derechos humanos (torturas, mutilaciones y violaciones) y la provocación del desplazamiento interno forzoso de casi 10 mil campesinos de las zonas Norte y los Altos, que huyeron ante el acoso del terrorismo de Estado y la guerra sucia oficial.
De manera que ya nos podemos ir imaginando lo que será la política del nuevo régimen en el asunto más delicado de política interna, que, de más está decirlo, no será resuelto en 15 minutos –como aseguró Fox en su campaña por la presidencia-, ni en 15 días, ni siquiera en los primeros 15 meses de su ejercicio.
Solamente las denuncias y las acciones de la sociedad que presionen y obliguen a reanudar las negociaciones de paz entre el Estado mexicano –cualquiera que sea su signo político e ideológico- y los indígenas de Chiapas levantados en armas desde el 1 de enero de 1994, cuya causa es la misma que de la de los millones de indios que existen en todo el país, podrán alcanzar una solución definitiva a esta guerra injusta y desigual, que es observada con atención por todas las fuerzas progresistas del mundo.

Correo Electrónico: germinal@prodigy.net.mx
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