30 de septiembre de 2000

Castigo

Rubén Duarte Rodríguez

El 32º aniversario de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco coincide con un cambio en el personal de administración del Estado mexicano.
Salen los zedillistas, entran los foxistas y no parece que vaya a haber mucho más, a despecho de las esperanzas de millones de mexicanos y mexicanas, quienes todavía piensan que este es el inicio de una nueva era de democracia y justicia.
Por tercer año consecutivo, el Comité 1968-1998 exige la apertura de los archivos oficiales del movimiento estudiantil de hace tres décadas, castigo a los responsables intelectuales y materiales de la matanza del 2 de octubre y la disolución de los organismos policiacos y militares especializados en represión y espionaje.
Una larga cadena de complicidades que comenzó con Gustavo Díaz Ordaz y llega hasta la negativa de Ernesto Zedillo para entregar a la opinión pública los archivos del 68 -que están en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen)-, ha impedido que a pesar del tiempo transcurrido, se conozca la información más importante.
El Comité 1968-1998 considera que el libre acceso a esos documentos es fundamental para la reconstrucción de los hechos y estar en condiciones de determinar responsabilidades en la matanza y en la desaparición de muchos universitarios y militantes de oposición, principalmente de la izquierda.
En consecuencia, está demandando la integración de una comisión especial de la Cámara de Diputados que garantice la apertura y el libre acceso a los archivos de las secretarías de la Defensa y Gobernación, y en el caso del Cisen, que dé a conocer los expedientes personales de los opositores víctimas del espionaje político practicado por las desaparecidas direcciones de Investigación Política y Federal de Seguridad.
Lo que está aquí en juego para el nuevo gobierno que en dos meses más tomará las riendas del poder, es ni más ni menos que su credibilidad.
¿Ruptura con el pasado o continuidad en el solapamiento de los mayores crímenes del antiguo régimen?
¿Los asesinos serán por fin llevados a juicio para recibir el castigo que se merecen o seguirán cómodamente arrellanados en sus sillones de ejecutivos, gozando de la misma impunidad que han tenido en esto 32 años transcurridos?
¿Habrá transparencia u ocultamiento?
Esas son las preguntas que están en el aire y que deben ser respondidas, necesariamente, por los nuevos gobernantes.
No es una buena señal la que hace el procurador general de Justicia Militar Rafael Macedo de la Concha, quien advierte que en el ejército sólo se investigará lo ocurrido en 1968 en caso de que se presente "una denuncia sustentada con medios de convicción que hagan presumir un hecho ilícito".
¿De qué sustentación, de cuáles medios de convicción está hablando?
La Noche de Tlatelolco, la historia del ataque del Batallón Olimpia y la conducta de los jefes militares y las tropas bajo su mando está escrita en desgarradores testimonios y existe en los archivos del régimen que deben ser abiertos sin mayor dilación.
El general Macedo ha dicho además que él esperará, en todo caso, a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que pronuncie un dictamen sobre la procedencia o no de una averiguación previa en el fuero federal sobre estos hechos y si legalmente no ha fenecido el plazo para iniciarla.
Es verdad que el Poder Judicial de la federación tiene la responsabilidad
de emitir una resolución a raíz de que los integrantes del Comité 1968-1998 promovieron un amparo en contra de la negativa del Ministerio Público federal para iniciar una investigación sobre la matanza. Pero eso no exime de responsabilidad a la Procuraduría General de Justicia Militar.
Ante las evidencias -que se muestran en un nuevo video del Canal 6 de Julio- que comprueban que la masacre del 2 de octubre fue concertada, planeada y ejecutada por los estados mayores Presidencial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos jefes actuaron para provocar el fuego cruzado en la plaza, el procurador militar no puede alegar desconocimiento, son hechos documentados y comprobables -otra vez- si se abren todos los archivos.
Como el mismo Macedo de la Concha ha establecido respecto al procesamiento por narcotráfico de los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, "si el ejército mexicano es garante de la seguridad y existencia del Estado, consecuentemente debe de haber penas ejemplares que determinen precisamente que aquellos que se aparten de la observancia de la Ley, se les aplique".
¿Por qué sólo se detiene y se juzga a generales que se meten al narco?
¿Por qué no se ha abierto todavía un expediente a estos militares por su participación en la "Guerra sucia", en los asesinatos, las torturas y desapariciones forzosas de cientos de luchadores sociales?
¿Cambiará esto después del 1º de diciembre?
Mucho nos tememos que no.

Comentarios y correspondencia con el autor al correo electrónico: germinal@prodigy.net.mx
Consulte las columnas anteriores en la página de internet: http://www.webspawner.com/users/revistagerminal/
Teléfono y Fax: (62) 60 47 42

---

A la página inicial de Germinal